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¿Impuesto de Sociedades o Impuesto contra las PYMES?


Desde este año las PYMES serán expoliadas fiscalmente no sólo por tener beneficios sino también por tener pérdidas.

El acoso y derribo contra los ciudadanos productivos, perpetrado a base de impuestos y regulaciones, está alcanzando unas cotas tan ignominiosas y disparatadas en los últimos años que empiezan a amenazar la propia superviviencia de la civilización, tal como ocurrió durante la fase de decadencia y ruina del Imperio Romano. El estado actual está siguiendo sus mismos funestos pasos con milimétrica precisión.

El “Impuesto de Sociedades” es una de las muchas agresiones con que el estado disfraza su injusta concesión de privilegios monopolísticos a las grandes empresas que forman el consorcio político-empresarial de puertas giratorias. Cualquier PYME que prestara unos servicios caros y con la pobre calidad con que los prestan estas empresas burocratizadas y politizadas (como por ejemplo, los suministros de telefónía, luz, gas, etc., por no hablar de las cajas de ahorro, de infausto recuerdo) se quedaría sin clientes y quebraría en poco tiempo. Para impedir que otras empresas medianas y pequeñas puedan competir libremente con este oligopolio, el estado establece todo tipo de regulaciones, normativas licencias, obligaciones y concesiones administrativas, etc. (en ocasiones hasta redactadas por las propias grandes empresas, a su gusto y medida) que no tienen otro objeto sino el impedir la libre competencia que las PYMES, mucho más ágiles y eficientes, les harían al oligopolio estatista. Entre tales privilegios monopolísticos encubiertos cabe destacar el mall llamado Impuesto de Sociedades”, una brutal agresión dirigida contra el corazón de las PYMES, para que no puedan crecer y hacer la competencia a las grandes. No sólo es que estas últimas jamás lo hayan pagado, como ahora hipocritamente “descubren” los mismos políticos que las han estado privilegiando desde siempre -para tener la economía controlada bajo su pie, y además, disponer de otro cómodo sitio donde “retirarse” sin apenas trabajar (pero muy bien pagado) después de pasar por la política-, sino que incluso si lo pagasen, ello no sería una carga significativa para las cuentas de una gran empresa, mientras que por el contrario el una pesada losa que cercena toda posibilidad de crecer para una PYME. Por no hablar de los insidiosos costes ocultos que conlleva la propia gestión del impuesto para una PYME (contratación de asesores fiscales, cumplimentación de un sinfín de obligaciones contables, fiscales y administrativas), costes que son despreciables para una gran empresa, que se lo encarga a un gabinete fiscal sin que ello le suponga mayor problema.

Pues bien, no contentos con semejantes laceraciones a las PYMES, la última medida del gobierno populista, ¡huy perdón!, popular de turno –que compite en colectivismo con los socialistas y neocomunistas- ha sido la de ampliar el susodicho impuesto sobre beneficios para que comprenda también un impuesto sobre las pérdidas. Si esto no es una rapiña desvergonzada no sé qué podría serlo. La única preocupación de los políticos parece ser latrocinar como sea y de donde sea para mantener intocado su chiringuito de privilegios, aunque sea a costa de destruir la economía y la sociedad. A partir de este año, según dicta la desvergonzada Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, las PYMES tendrán que pagar el impuesto sobre beneficios aunque estén en pérdidas o aunque estén en la quiebra, ya que al genial idea cleptomaníaca del fisco ha sido la de que las PYMES –que son las únicas empresas a las que les atañe esta situación, ya que deliberadamente la medida no afecta en la práctica a las grandes empresas del oligopolio estatista- no se puedan compensar sino de forma parcial las pérdidas de ejercicios anteriores, de modo que una pequeña empresa que, asfixiada tras largos años de crisis, logre tener este año un mínimo beneficio que le aligere un poco la soga del cuello que viene arrastrando a causa de las pérdidas pasadas, no podrá hacerlo, incluso aunque su patrimonio neto sea inferior al capital social y su situación contable sea de quiebra técnica. En lugar de ello tendrá que pagar para seguir subvencionando las actividades públicas, coactivas e improductivas, que lastran al país y destruyen la creatividad y la energía vital de la sociedad. Y todo ello gracias a un gobierno neosocialista salvaje, antiliberal y antisocial, y a un parlamento compuesto en su totalidad por fuerzas reaccionarias colectivistas reunidas bajo la bandera del estatismo feroz.

Puesto que las PYMES constituyen la base de la riqueza de la sociedad, representando más del 90% del mercado, y siendo de lejos la mayor fuente de creación de puestos de trabajo, es una auténtica locura que el estado ataque y agreda de mil maneras a las PYMES, ya que lo que está haciendo es poner en peligro la fuente de la que emana principalmente la producción de los bienes que existen en el mercado y que necesitamos para vivir de forma civilizada. Por tanto, la irresponsable y desatada agresión fiscal del estado contra los ciudadanos productivos en general, y contra las PYMES en particular, es un dañino obstáculo que impide todo progreso y un peligro para el orden social y económico. Los impuestos y las regulaciones ya acabaron una vez con el Imperio Romano y con la civilización clásica, hundiéndola en el oscuro pozo de la Edad Media, del que la humanidad tardó un milenio en salir. La política suicida de confiscaciones y regulaciones que sigue el estado actual está copiando milimetricamente la catastrófica política de la etapa de la decadencia y ruina de Roma, y acabará hundiendo la economía y la civilización moderna del mismo modo a menos que se abandone rápida y completamente la nefasta ideología colectivista, controladora y latrocinadora que aqueja a todos los partidos.

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