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La legalidad constitucional debe ser restablecida en Cataluña


Como bien saben, ningún acto emanado del Parlamento de Cataluña o del Gobierno de la Generalidad relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre tiene validez, pues su convocatoria, al ser contraria a la Constitución y demás leyes vigentes en España, fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Generalidad, desde el 6 de septiembre de este año vienen incumpliendo todas las resoluciones del Tribunal Constitucional al no acatarlas. La celebración del referéndum ya consistió la comisión de un delito de desobediencia al no retirar las urnas y llevarlo a cabo.

No existe por tanto la legalidad constitucional española en Cataluña, mando de los Mozos de Escuadra incluido y ayer con la Declaración de Independencia instada por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña se culminó la desobediencia incurriendo además en posibles delitos de rebelión o sedición añadiendo más ilícitos penales a los antes cometidos: desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación, obligación de perseguir delitos,…

La ausencia de la legalidad constitucional en Cataluña es lo que se tiene que reparar bien con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cualquier otro artículo de la Constitución que logre el mismo efecto o incluso con la detención y puesta a disposición judicial de los cabecillas de la rebelión, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, instando a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía del Estado que soliciten la prisión provisional para que no puedan cometer nuevos delitos.

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